¿Qué es el desperdicio de alimentos?
Según el Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, se define desperdicio alimentario como: «productos agrícolas y alimentarios descartados de la cadena alimentaria que siguen siendo perfectamente comestibles y adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles usos alternativos, terminan desechados como residuo´´.
¿Cuánto es el desperdicio de alimentos en España?
Para hacerse una idea de la gravedad de este desperdicio, solo en los hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona en 2020.
Consecuencias del desperdicio de alimentos ¿cómo afecta?
El desperdicio de alimentos perjudica al conjunto de la sociedad al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos aumentando los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.
¿Qué legislación regula el desperdicio de alimentos?
Actualmente existe la Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, sin embargo, recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el 6 de junio de 2022 el proyecto de Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la primera sobre la materia que se promulga en España y que entrará en vigor el 2 de enero de 2023.
A quién afecta la nueva ley de desperdicio alimentario
A toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.
Qué pretende la nueva ley de prevención
Es una normativa concebida para producir una drástica reducción del desecho de alimentos que no se consumen y acaban en la basura y para fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.
Además, trata de «orientar hacia un sistema de producción más eficiente, que se enfoque en el desarrollo de la economía circular» con el fin de reducir el desperdicio de alimentos que perjudica a toda la sociedad.
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Cómo afecta a la industria alimentaria
Entre otros puntos encontramos que:
- Los operadores de industria alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formar a todo el personal para que la manipulación, almacenamiento y transporte de alimentos se lleve a cabo de forma correcta y evitar así su pérdida.
- Los productos que tengan la fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse a los consumidores de forma separada y diferenciada del resto con un precio más reducido.
- Se tendrá que incentivar la venta de productos de temporada, de proximidad y ecológicos para su aprovechamiento por parte de los consumidores.
Cuáles son los puntos más importantes de esta nueva ley de desperdicio de alimentos
- Jerarquía de prioridades de uso:
- Todos los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento (artículo 5), la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
- Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos (artículo 7).
- Los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.). Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.
- Obligaciones de los agentes de la cadena agroalimentaria:
- Tener instalaciones adecuadas y fomentar la formación del personal.
- Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Para ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables.
- Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor, sea con medios propios o ajenos, deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas.
- Las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.
- Se deberá incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.
- Plan estratégico interministerial:
A propuesta de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Derechos Sociales y Agenda 2030; de Consumo; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Industria, Comercio y Turismo; de Inclusión Social y Migraciones y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
Este plan definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito. El plan será revisable cada cuatro años.
La ley impone además a las administraciones públicas la obligatoriedad de llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción.
- Régimen sancionador:
Establece cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros.
Algunas de las causas que pueden conllevar multa son:
- Discriminar en el reparto de alimentos.
- Que las entidades o asociaciones que reciban las donaciones no sigan unas prácticas adecuadas de higiene, conservación y manipulación de los alimentos.
- Impedir la donación de alimentos.
- No donar o distribuir los excedentes a entidades sociales.
- No aplicar la jerarquía de prioridades para el uso de alimentos.
- No disponer de un plan de prevención de las pérdidas.
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